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La amalgama del pensamiento liberal reinante en las últimas décadas en el
mundo, con el fuerte cambio tecnológico vivido, ha generado un viento privatizador que
poco a poco se ha colado por las rendijas del mundo económico, primero suavemente, pero
que después ha soplado con fuerza, derribando obstáculos por doquier, de forma que ha
cambiado la faz de la mayor parte de los sectores económicos.
La caída del muro de
Berlín y el reto de la globalización rompiendo barreras reguladoras,
no han hecho más que acentuar el poder de ese viento huracanado de privatizaciones,
apoyado en la pérdida de legitimidad social de la empresa pública,
acusada de ineficiente, cuando no de obsoleta en sus sistemas de gestión.
Sea privada o sea pública, la empresa como organización se enfrenta al hecho de
que el amo y el ejecutor no suelen ser la misma cosa.
Y ahí vienen los problemas. En el caso de la empresa pública, la propiedad está
tan intensamente extendida que es del ciudadano en sí y es tal el grado de difusión de
la propiedad que éste no tiene un interés propio especial por ejercer su control.
En la empresa privada el propietario está supuestamente más concentrado, por lo
que tendría mayores motivaciones para vigilar la actuación del agente. Sin embargo, la
empresa privada actual tiende a disponer de un amplísimo accionariado, con la propiedad
difundida al máximo, en un capitalismo popular que diluye igualmente el control.
El agente ejecutor de la empresa privada debe rendir cuentas ante su principal,
el accionista, que le establece su objetivo. Por el contrario,
el agente directivo de la empresa pública tiene dos principales a los que atender,
el Gobierno y los votantes, lo que le implica tener objetivos múltiples que pudieran
llegar a ser contradictorios, además de cambiantes, dificultándole la adopción de
decisiones de largo plazo. Sin embargo, de esa contradicción tampoco se libra la empresa
privada que actúa en sectores no competitivos o
que por sus propias características contiene fallos de mercado, porque esos sectores,
como el del agua, gas, electricidad, sanidad o banca,
necesitan disponer de un regulador, con lo que deben cumplir objetivos marcados por
el regulador, que pueden ser contradictorios, cambiantes
o incompatibles con los del accionista.
En teoría, la empresa privada puede ser controlada por el mercado de capitales,
lo que se supone disciplina al directivo, que puede encontrarse con una OPA hostil encima
de la mesa que lo desbanque, mientras que el directivo de la empresa pública está
blindado frente a OPAS, puesto que las acciones de su empresa no están a la venta. Pero
eso sólo es teoría. Los directivos de las empresas públicas sufren OPAS políticas en
vez de económicas, en tanto que los directivos de las empresas privadas se guardan mucho
de sufrir OPAS económicas, derivando sus objetivos a la maximización de la dimensión de
sus empresas, a las que convierten
en enormes gigantes corporativos con el fin de protegerse frente a posibles
adquirentes, cuando no limitan con descaro y mil y un trucos el ejercicio del derecho de
voto para blindarse en sus puestos o favorecen y negocian núcleos duros de rancio sabor
nacionalista para impedir que el látigo disciplinador del mercado llegue a sus espaldas.
No puede olvidarse, sin embargo, que la empresa pública dispone de menores
incentivos para sus directivos, a los que no puede ofrecer stock options y a los que se ve
obligada a aplicar topes salariales de vocación funcionarial.
Si en esa coctelera se incorpora la precisión por la legalidad, cae sobre el
directivo público una ligera pátina burocrática que merma la capacidad de reacción de
su empresa a un entorno cambiante.
¿Resulta de todo ello
que la empresa pública es mucho menos eficiente que la privada? Pues no tan claro. Los
estudios realizados hasta la fecha en España
(Fedea, Prior, Sanchíz,
Argimón)
han detectado en general mayor ineficiencia en la empresa pública, pero no tanta como
para echar las campanas al vuelo y proclamar a la privada vencedora por K.O. técnico,
como sugiere el espíritu de los tiempos que corren, y menos aún en los sectores no
competitivos sometidos a obligada regulación.
Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.
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